Reelección de alcaldes y gobernadores

La iniciativa para restablecer la opción de la reelección de alcaldes que se discute en el Congreso se debe apoyar y extender a los gobernadores.

Eso corregiría el error que el Congreso cometió en marzo de 2015 cuando, urgido por tratar de mejorar su imagen ante la opinión pública, canceló de un plumazo –con 97 votos a favor, ninguno en contra, y diez abstenciones– la reelección de los alcaldes distritales y provinciales, así como de gobernadores regionales.

Eso es un error. Primero, porque apunta a corregir un problema no significativo: la reelección de autoridades locales no es, a diferencia de otros países, frecuente en el Perú.

De los cien presidentes regionales elegidos entre 2002 y 2014, solo doce fueron reelegidos. Y en los años 2006 y 2010 cerca del 60% de los alcaldes provinciales y distritales buscaron la reelección pero con escaso éxito: en el ámbito distrital solo la consiguió el 35% en los dos procesos, y en el provincial únicamente el 22% en el 2006 y 28% en el 2010.

Un argumento de quienes prefieren que no haya reelección es que, de esa manera, se evitaría la corrupción, bajo la idea de que, a más tiempo esté una autoridad en un cargo, aumenta la posibilidad de que asalte al erario.

Dicho planteamiento supone, equivocadamente, que el ladrón se vuelve ladrón al segundo o tercer período y que no lo era antes. Lo único que ocurrirá es que el corrupto se apure en robar y robar antes de que el mundo se le vaya a acabar.

Esta prohibición impide aprovechar la experiencia y la continuidad de planes para períodos que son breves, y no apunta al problema central que, en teoría, pretende resolver: el de la falta de controles políticos y administrativos sobre las autoridades.

El hecho de que siete gobernadores regionales hayan ido a la cárcel acusados de corrupción es consecuencia de esa falta de controles, no de la eventualidad de su reelección.

La posibilidad de la reelección funciona, por el contrario, como una opción que, al no reducir, sino ampliar las alternativas para el elector, parecería más democrática.

Curiosamente, los congresistas buscaron prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores pero no la de ellos mismos. Pero eso no debiera cancelarse, a diferencia de la reelección presidencial, en que entran otros factores que la hacen inconveniente.

Esta prohibición fue una norma efectista y debe anularse. Simultáneamente se debe debatir una reforma política integral, usando como base, por ejemplo, la que presentará Transparencia la próxima semana. 

Escribe: Augusto Álvarez Rodrich